Mercancía o derecho: leyes que regulan la comunicación en España y América

Nuestro sistema de medios es el resultado de decisiones tomadas por el gobierno –leyes y normativas- que determinan no ya las reglas del juego sino los ganadores

McChesney & Nichols[1]

By Concha Mateos-Martín, Ph. D. – University Rey Juan Carlos, Madrid, Spain

El sistema de medios necesita estar ordenado para poder ser útil.

El conflicto entre distintos radiodifusores que se empezaban a interferir en sus emisiones originó ya en 1927 en EEUU una de las primeras medidas legales para regular el sistema de medios mediante la concesión de licencias.

Así empezó todo: la autoridad política regulando el juego comunicativo. Se supone que en interés de todos.

¿Cómo se está protegiendo ese interés de todos un siglo después? ¿A quién favorecen las leyes?

La Declaración de principios sobre la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) dice[2]:

Art. 12.  Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos (…) Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

Art. 13.  La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

EEUU: el imperio de la política a favor de la concentración del poder mediático

La FCC (Federal Communication Comminsion) es la autoridad que en Estados Unidos regula la radiodifusión. Debe hacerlo atendiendo a que en cada caso que trate se prioricen el  interés público, la conveniencia y la necesidad. Algunos de sus rasgos (McChesney: 2004: De Bustos: 2007; Segovia: 2004 y 2009):

  • Es un organismo pionero.
  • Considerado independiente, porque opera al margen del Gobierno con capacidad reguladora, ejecutora y de control. Pero sus miembros están designados por el presidente con el consentimiento del Senado.
  • Raramente ha regulado contenidos.
  • Ha trabajado siempre bajo fuertes y variadas presiones: gobierno, congreso, tribunales, y lobbys, fundamentalmente, a los que se ha sumado en la última década, con no probada incidencia, la sociedad civil.
  • Desde la expansión de las políticas desreguladoras de los años 80s, ha seguido una tendencia de reducir las limitaciones sobre concentración de la propiedad de los medios, favoreciendo niveles cada vez más altos de concentración.

Las reformas que la FCC aprobó en 2003 para la radiodifusión son un ejemplo paradigmático de cómo el poder político acude a ayudar a las grandes corporaciones.

News Corp/Fox, General Electric/NBC, Viacom/CBS y Disney/ABC estaban acumulando medios y audiencias en proporciones que superaban los límites marcados por las normas reguladoras. Se modificaban las normas o las corporaciones pasaban a ser delincuentes. Se modificaron las normas: se aumentó el porcentaje de la audiencia nacional que una misma red de televisión podía concentrar (del 35% al 45%); se permitió que un mismo grupo económico pudiera poseer un periódico y una televisión dentro de un mismo mercado, e incluso más de dos televisiones, etc.

Por primera vez (McChesney, 2004)[3] en EEUU se agitó un debate social importante en torno a estas medidas.

Sin el apoyo político, ese crecimiento no se hubiera podido consumar. Los comisionados republicanos que dieron su apoyo a la reforma evitaron cuanto pudieron la audiencia pública, pero no evitaron ninguna invitación ni ningún encuentro con las corporaciones. Y el movimiento de rechazo de organizaciones civiles no fue atendido. El poder político de ese momento eludió esas 750.000 voces críticas de las que habla el periodista Oswaldo León, [4] o los más de tres millones de mensajes enviados a la FCC de los que hablan McChesney y John Nichols[5]. El dato merece consideración especial por tratarse justamente de Estados Unidos, un país que, como años antes había expuesto McChesney (1997:8), se ha acostumbrado a asimilar el dominio corporativo de la comunicación como situación natural, asunto sobre el que no cabe debate político alguno[6].

Es cierto que tras la movilización en 2003, McChesney (2004) y otros analistas (Tucho, 2006) reconocen que una nueva conducta social frente a la política de medios se ha puesto en marcha y ha descubierto tácticas de acción, como la necesidad de organizar la protesta en torno a planteamientos concretos. Pero en aquella ocasión no se logró detener la erosión democrática, hubo un blindaje a favor del mercado frente a la protección de derechos de la ciudadanía. La acción de resistencia, no obstante, tuvo un efecto: hizo visible la gran distancia entre el poder político-corporativo y las demandas ciudadanas.

Por eso, Nichols y McChesney (2003, Ups in flames) destacan las palabras del Bernard Sanders, el senador de Vermont, crítico con los monopolios mediáticos: “It is not a coincidence that everything blew up the way it did this year. The American people know they are getting less information than they had before about decisions that are being made in their name, and they know that we are passing some critical points where, if we don’t act, citizens are not going to have the information they need to function in a democracy.”

En realidad, había sido la propia norma de 1996 la que había dejado abierta la puerta plenamente a esa colaboración del poder del Estado con el poder mediático. La Telecomunication Acts de 1996 afloja el marco normativo para que se puedan ir introduciendo modificaciones en caso de que “alguien” las necesite. ¿Cómo? A partir de ese año, las normas sobre concesiones dictadas por la FCC habrán de revisarse cada dos años. Como explica Miguel de Bustos[7], se trata de un mecanismo perverso que pone a la FCC en la necesidad permanente de buscar evidencias que demuestren la bondad de las normas adoptadas. Un poder político en permanente obligación de defenderse (o de sucumbir a la presión).

Son las particularidades del sistema estadounidense, que se van convirtiendo en generalidades a medida que otros países las toman como referente. Al otro lado del Atlántico, el modelo corporativo se extiende, carcomiendo el poderoso concepto de ‘servicio público’, que se consolidó en Europa desde la creación de las primeras cadenas de televisión en los años 30 y tras la segunda guerra mundial, y que se ha mantenido durante todo el siglo pasado.

España 2010: una armadura legal para proteger la comunicación como negocio

La sombra de la deuda democrática de la comunicación en España es muy larga.

En 1975 muere el dictador y 1978 se aprueba la constitución actualmente vigente. En ese tiempo, la televisión pública ya tenía veinte años y dos hábitos poco saludables: operaba en monopolio y como herramienta de propaganda al servicio del gobierno. El monopolio se terminó a finales de los 80s. El uso propagandístico ha seguido y generó en 2003 una sentencia judicial que condenó a la televisión pública por manipulación informativa[8].

El último periodo de gobierno de la derecha en España fue ejemplar en el manejo propagandístico y el control partidista del sistema de medios. Además de esa vergonzosa sentencia recibida por la televisión pública, se bloqueó:

-      La descentralización para la concesión de licencias de radio.

-      La creación de una autoridad audiovisual independiente, 30 años reclamada.

-      El marco legal para el desarrollo de la radiodifusión local y los medios comunitarios.

-      Y se cerró un periódico inconstitucionalmente: un censura mediática en contra de la ley[9].

El 14 de marzo de 2004, el Partido Popular fue despedido del poder por las elecciones que dieron la victoria al Partido Socialista. El presidente saliente, el conservador José María Aznar (promotor de la participación de España en la invasión de Irak en 2003), había gestionado una crisis social con las peores maneras imaginables[10]: llamó personalmente a los directores de los principales periódicos y a los corresponsales extranjeros para dictarles los titulares, se negó a contestar preguntas claves, promovió un discurso presidencial ante los medios que contenía mentiras…[11] En medio de ese clima de ahogo informativo, llega el nuevo presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, con una promesa estrella: quiere reformar el servicio público y el sistema audiovisual, salir de aquella fosa propagandística en la que el Partido Popular había hundido el uso de los medios. Entre sus primeras acciones al frente del Gobierno, Zapatero nombró un consejo de expertos (“sabios”) para la reforma, reconocidos social y académicamente de modo general. Por primera vez en la historia se busca una política mediática diseñada por los especialistas, no por los partidos, y basada en consultas a la sociedad.

Pero el rumbo de aquellas primeras medidas apuntó hacia una dirección que después se dejó de lado. Lo que iba a ser pluralismo se tornó en medidas para favorecer la concentración, lo que iba a ser reforma del servicio público se convirtió en recorte, lo que iba a ser seguir las indicaciones de “los sabios” (razón ilustrada guiando las decisiones políticas) se abandonó por ceder a las presiones de los grupos mediáticos.

El rumbo final que ha tomado la política de comunicación ha ido viento en popa hacia un horizonte neoliberal. Las corporaciones han ganado la reforma. Esta singladura ha tenido dos golpes de timón claves en 2009 y un puerto final en tierra firme en 2010.

Los dos golpes de 2009 fueron para derribar: uno, las medidas antimonopolio y otro, la  fortaleza de la televisión pública:

  1. En febrero 2009, un real decreto[12] comienza con estas palabras “La principales economías desarrolladas…”. Queda claro: para esta ley, el asunto es un asunto económico empresarial.

El tipo de norma empleado, real decreto, promulgado por el gobierno, y contemplado constitucionalmente para coyunturas de emergencia, permite eludir cualquier tipo de participación social en su elaboración. Se justifica esta urgencia por las circunstancias económicas que “amenazan el equilibrio del servicio de televisión”. Y ante tal amenaza, dice la ley, es preciso asegurar la fortaleza de las empresas. Conclusión: corrieron a socorrer al capital.

Se abren las puertas para una mayor concentración de la propiedad privada de los medios, como en EEUU en 2003. Se deroga la limitación de no poder poseer más del 5% de distintos prestadores del servicio. Y para que parezca que se protege el pluralismo, se limita al 27% la audiencia que puede acumular un mismo propietario de distintos medios.

No es que la ley no permita a ningún operador acumular grandes audiencias (eso parece, pero no es eso). La ley simplemente no permite que se fusionen operadores que en el momento de la fusión (en los 12 meses previos) reúnan una audiencia mayor al 27%. Después de la fusión, el camino queda libre. La producción, cantidad de audiencia (el mercado) que pueda llegar a acumular después queda sin control.

Se amplía, pues, la posibilidad de acumular poder para los operadores privados y, a cambio, se recorta la posibilidad a los operadores públicos: no se podrá reservar o adjudicar a los prestadores de titularidad pública más del 25% del espacio radioeléctrico disponible para el servicio de televisión estatal por ondas terrestres. Al margen de la audiencia que logren llegar a tener. Es decir, en los medios públicos se limita la propiedad de las herramientas de producción (se les recortan las posibilidades) y en los privados parece que se limita la producción,  pero sólo en el momento de la compra, las posibilidades de crecer en realidad no se condicionan. Se aplican distintos parámetros a ambos sectores.

  1. En agosto de 2009 se produjo el segundo golpe, una ley sobre la financiación de la corporación de la radio y la televisión públicas. Queda prohibida la publicidad para el servicio estatal. También el patrocinio y la televenta. Queda liberado, pues, ese 25% de la inversión del sector publicitario que el medio público captaba y que venía siendo motivo de queja constante de los operadores privados.

¿Cómo se financiará la corporación pública entonces? Con aportaciones de los operadores privados, que por arte de ley son los beneficiarios de haber eliminado un competidor en su mercado. De este modo, la ley parece que intenta cobrarles el favor que les ha hecho. Lo que a mi entender confirma públicamente que ha habido un favor. Las cadenas abiertas  tendrán que aportar el 3% de sus ingresos, el 1’5%, las de pago, y los operadores de telecomunicaciones, el 0.9%. Las quejas y las negativas a pagar ya están empezando a operar. La aplicación de la norma se anuncia conflictiva. Es lo que ocurre cuando se obliga a alguien a alimentar a su enemigo. ¿Usted, lectora o lector, desearía estar alimentado por su enemigo?

Pero, sobre todo, esta ley ha generado una notable paradoja, porque ha convertido a la televisión pública en dependiente de las televisiones privadas: la televisión pública podrá ofrecer mayor calidad con mayores recursos y gracias a ello atraer a más audiencia cuando reciba más financiación de las televisiones privadas; para recibir más financiación de las televisiones privadas, necesitará dejarles la audiencia a ellas para que ganen más dinero con la publicidad. Por tanto, si a TVE  las cosas le salen bien, le saldrán mal: si atrae a mucha audiencia, rebajará los ingresos de quienes deben financiarlas y, por tanto, rebajará sus propios ingresos. Si triunfa, se estrangulará y si quiere triunfar, deberá estrangularse.  La trampa es perfecta[13].

Supongamos que a la televisión pública, a pesar de todo, le va bien. Quizá pensaron así los redactores de la ley, porque no en vano esta televisión ha logrado mantenerse líder durante largos periodos con el gobierno de Zapatero. Supongamos, pues, ese éxito, y que la radiotelevisión española logra recibir suficiente dinero de sus fuentes[14], a pesar de ser inestables. Por si acaso eso ocurriera, en medio de todo este contexto desregulador, se ha fijado una sólida batería de restricciones impuestas al operador público para asegurar que su producto no pueda llegar a ser muy bueno, muy competitivo. Medidas que recortan su posibilidad de éxito y crecimiento. Junto a ese límite que citamos antes de no poder operar en más del 25% de las frecuencias del espectro, además tampoco le está permitido gastar más del 10% en eventos deportivos de interés general, ni le está permitido emitir más de 52 películas de estreno al año en prime time de grandes producciones internacionales, ni le está permitido (a la corporación) que su presupuesto de gastos supere los 1.200 millones de euros en 2010-2011, ni que aumente más de un 1% anual en el siguiente trienio.

Conclusión: intervencionismo puro para lo público y liberalismo para lo privado. ¿Se imaginan aplicar una lógica semejante con la atención sanitaria pública? Quizá en Estados Unidos sea fácil de aceptar pero en Europa suena alarmante: evitemos que se disponga de medios para curar las enfermedades, evitemos que se disponga de medios para que a las personas se les trate bien en los hospitales públicos, no vaya a ser que se curen y entonces se queden sin clientes las empresas privadas. Ese es el razonamiento que triunfa cuando las decisiones las toman los pobres partidos políticos presionados por las corporaciones. Cuando  se consulta a los “sabios” y a la sociedad, el razonamiento que triunfa es otro[15].

Mercancía o derecho. Defensa o recorte de lo colectivo. ¿Con qué objeto se regula el sistema de medios? Y ¿quién decide cómo se regula? Esas son las claves que nos permiten distinguir el carácter de una ley. ¿A quién se le atribuye el poder de decisión sobre los medios?

La Ley General de la Comunicación Audiovisual[16] en España, publicada el 1 de abril de 2010, ha puesto un broche de oro a ese escenario ya pintado de desregulación, concentración y estrangulamiento de los medios públicos.

Así empieza: “La industria audiovisual se ha convertido en los últimos años en un sector cada vez con mayor peso y trascendencia para la economía”.  Otra vez, una ley sobre comunicación concebida para afrontar un asunto económico. Mercancía antes que derecho.

En algunos países se ha logrado con propaganda que la población acepte esa prioridad del negocio como estado natural de las cosas. Pero no lo es. Hay otras formas posibles.

Latinoamérica: una década de reconquista democrática del sistema de medios

Reestructurar el servicio público y repensar una idea de servicio público aplicado a lo público y a lo privado. Hay lugares en el mundo donde han puesto en práctica este planteamiento de Mattelart[17]. Venezuela y Argentina, ya lo han hecho; en Ecuador y México las presiones han abortado el intento; Uruguay ha puesto una nota particular…

Nuevos marcos para sistemas de medios más participativos y menos concentrados. Los medios corporativos dominantes (nacionales e internacionales) maltratan y bloquean toda la información relativa a estos procesos democratizadores de la comunicación. ¿Por qué? Porque se sienten perjudicados. ¿Por qué se les perjudica?

-      Porque se limita sus posibilidades de hacerse monopolios o grandes grupos.

-      Porque se da participación a la audiencia para decidir cómo deben ser las programaciones, qué medios deben recibir una sanción, a quién conceder una licencia de explotación…

-      Porque se reconocen nuevos medios (comunitarios).

Venezuela, fin del siglo XX: el 12 de junio de 2000 se promulga una Ley de Telecomunicaciones que regula un marco legal que lleva setenta años sin ser actualizado. La LOTEL establece en su artículo 7º que el espectro radioeléctrico es de todos. Esta ley está orientada por principios de libre competencia y libertad económica, permite concesiones privadas para que haya empresas que con sus propios medios técnicos exploten comercialmente ese espectro. Pero la ley no dice que el espectro les pertenezca, sólo que lo pueden usar. El espectro es de todos, lo volverá a recordar en 2005 la Ley de responsabilidad social en radio y televisión[18], conocida como Ley resorte.

Y como el espectro es de todos, el mensaje también. ¿Qué consecuencias tiene en Venezuela esta nueva forma de concebir el sistema de medios? De varias formas, la ley propone a los ciudadanos que se adueñen del mensaje:

  1. Gestiona un medio. Una forma directa de ejercer como dueña/o del espectro es gestionar directamente un medio. Por primera vez en la historia, un país ha sacado adelante una política de Estado que reconoce, desarrolla e impulsa los medios comunitarios. Ha ocurrido en Venezuela[19], mientras en otros países estos medios seguían siendo perseguidos policialmente o marginados por no poder participar en subastas económicas en las que sólo el poder económico lograba licencias para emitir[20].  Después se han registrado otros procesos afines, como la regulación sobre medios comunitarios aprobada en Uruguay en 2007.
  2. Usa los espacios ciudadanos. Otra forma es elaborar el contenido de ciertos espacios de programación que han de ser cedidos a los ciudadanos en todas las cadenas, públicas y privadas. Los medios comunitarios especialmente han de garantizar esa participación y emitir un 70% de producción propia.
  3. Elabora programas. Otra es elaborar el contenido y convertirse en un productor nacional independiente (PNI). Todas las emisoras, públicas y privadas, han de emitir por ley un porcentaje de contenidos producidos por estos PNI y hay fondo público destinado a financiar sus producciones.
  4. Decide. Una forma indirecta es participar los órganos de decisión. Uno es la Comisión de programación, que establece cómo han de ser los programas. Cuenta con cuatro miembros, sólo uno es del Gobierno, aunque goza de un voto cualificado para dirimir empates, lo que no le salva del riesgo de quedarse en minoría frente a los otros tres: los operadores que prestan servicios de radio y televisión, los productores y los usuarios.
  5. Déjate representar. Otra forma indirecta es delegar en el Estado, que también puede ocupar, en representación de los ciudadanos, espacios de programación de todas las emisoras.

Esta última forma, la que dice “la comunicación es mía pero se la dejo hacer a otro en mi nombre” es la dominante en Europa y en Estados Unidos.

En España, el rasgo más alabado como democratizador (supuesta muestra de que los ciudadanos deciden por sí mismos) ha sido que, en lugar de hacerlo el Gobierno,  ahora es el Parlamento, representante de los ciudadanos, quien elige al presidente de la corporación que a su vez elige al director de los medios públicos que a su vez decidirá los contenidos. ¡Oh, gran avance en la participación ciudadana! Un poco indirecto ¿no? Todas las posibilidades que los ciudadanos tienen de participar en el sistema de medios en España son altamente indirectas.

Se concede a los ciudadanos el honor de que, en su nombre, el Parlamento elija a la autoridad audiovisual. Y fijémonos en el poder de esa autoridad:

-          Las licencias las concederá el gobierno, no esa autoridad.

-          Las reglas las pondrán las propias radios y televisiones, que decidirán sus programaciones y sus códigos de autorregulación.

-          La autoridad podrá, en nombre de los ciudadanos, poner algunas sanciones a los medios y también será a veces consultada sobre los asuntos de comunicación.

-          El gran gesto ‘democratizador’ de la nueva ley: cualquier ciudadano podrá quejarse al Consejo para que amoneste a estas radios y televisiones si considera que emiten programas indebidos.

Resulta tan irónico el ‘avance democratizador’, como irónico fue el descaro con el que los republicanos se zafaron de las audiencias públicas en 2003 en EEUU para reformar el mercado.

Venezuela ha sido objeto de todo tipo de críticas.  La mayoría de ellas ignora, sin embargo, cómo se componen en Venezuela los órganos que cuidan la aplicación de la ley, lo que hemos llamado autoridad audiovisual en otros países. Se hace con participación.

En Venezuela hay dos órganos colectivos:

  1. El Directorio de Responsabilidad Social, órgano ejecutivo de la política de comunicación. Con capacidad de sanción y gestión de presupuesto.  Composición: un representante del ministerio u organismo con competencia en comunicación e información; uno del ministerio u organismo con competencia en educación y deporte; uno del ente u organismo con competencia en materia de protección al consumidor y al usuario; uno del Instituto Nacional de la Mujer; uno del Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente; uno de las iglesias; dos de los usuarios y usuarias; y uno de las escuelas de comunicación social de las universidades nacionales. Funciones: discute y aprueba las normas técnicas para aplicar al Ley Resorte; impone las sanciones; hace recomendaciones para que se otorguen o revoquen las concesiones de radio y televisión; decide el destino de los recursos del Fondo de Responsabilidad Social (que ha de servir, sobre todo, para apoyo a la producción nacional independiente).
  2. El Consejo de Responsabilidad Social, órgano consultivo. En este consejo, los usuarios y usuarias tienen dos representantes junto a otras veintidós entidades, cada una de las cuales tiene sólo uno. Muchas de ellas no son organizaciones del Estado y sus representantes se eligen en asambleas del sector correspondiente: locutores y locutoras, pueblos indígenas, asociaciones relacionadas con la cultura…

Argentina, fin de la primera década del siglo XXI: llega por fin el relevo a la legislación vigente desde la dictadura[21]. El 10 de octubre de 2009[22] se promulga la ley 26.255, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual[23].

Primer efecto: las grandes corporaciones mediáticas disponen de un año para vender los porcentajes de sus negocios que sea preciso vender para evitar que existan grandes polos dominantes en el sistema de medios. Los que han crecido demasiado tienen que desinvertir, desmonopolizar, adelgazar sus negocios. Los grandes grupos se enfadan.

En febrero de 2010, la oposición ha fracasado en todos sus esfuerzos por obstruir la ley, su discusión pública, su elaboración, su aprobación y su promulgación. Acude entonces al último recurso que le queda: bloquear su aplicación con un proceso judicial. Dos diputados se querellan contra la norma, alegando irregularidades en el proceso de sanción que la ley ha seguido en el Parlamento. Una estrategia para ampliar el plazo que las corporaciones tienen para vender.

Esta ley ha representado en Argentina la adaptación del sistema de medios al marco político de la democracia y se ha elaborado en un proceso de debate público que nunca antes tuvo una ley sobre comunicación[24]. Se ha aprobado con más de 200 modificaciones sobre el proyecto inicial. El gobierno ha sido el gran impulsor de la ley, pero se ha generado como iniciativa social y gubernamental. Han participado en su elaboración organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas, organizaciones de derechos humanos, universidades y partidos de la oposición.

Ya  en 2004 se conformó, convocada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Coalición por una Radiodifusión Democrática que lanzó una propuesta con  21 puntos básicos por una radiodifusión democrática, como base para emprender la redacción del anteproyecto.

Algunas voces críticas han acusado al gobierno de fabricar un maquillaje participativo con esta Coalición, pero lo cierto es que varios partidos de la oposición de centro izquierda han apoyado el proyecto en el Parlamento y que sectores considerados más radicales y menos susceptibles de poder estar manejados por el gobierno se han manifestado también favorables. Es el caso de la Corriente Marxista Internacional, que ha hablado de esta ley como “emancipadora, democrática y revolucionaria en Argentina”[25]. También desde la izquierda, no obstante, se han alzado voces críticas en contra de la ley, aunque, obviamente, por razones distintas a las esgrimidas por la oposición conservadora aliada de los grandes medios.

Documentos de esa crítica a la ley desde la izquierda se pueden encontrar en el sitio web[26] BarricadaTV, que tienen como objetivo una “práctica contrainformacional revolucionaria”, praxis política y social tendente a la transformación de la injusta sociedad en que vivimos”[27].

Entre las exigencias de partida presentadas por la Coalición por una Radiodifusión Democrática el 21 de agosto de 2004 se encuentran aspectos esenciales, reclamados comúnmente por organizaciones sociales de carácter progresista de otras partes del mundo, que se han mantenido en la redacción final de la ley[28]:

  • La comunicación es un derecho antes que negocio.
  • Es preciso poner límites a la concentración, regulación antimonopolios.
  • El espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad con el que no es admisible mercadear: los concesionarios de licencias no pueden comerciar con ellas.
  • Las renovaciones de licencias han de someterse a audiencias públicas vinculantes.
  • Es preciso reconocer con igualdad a los tres tipos de operadores: públicos, privados comerciales y privados sin fines de lucro.
  • Los planos técnicos han de reservar un 33% de las frecuencias a emisiones sin fines de lucro.
  • Los cargos públicos, funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas no pueden ser titulares de licencias.
  • La sociedad civil, los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales han de participar en la autoridad de aplicación de ley.

Además de lo que es fácil deducir de esos  puntos, a las corporaciones mediáticas les disgustan muchos otros aspectos de estas nuevas reglas del juego, porque implican control y limitaciones:

  • Se hace más difícil influir o manejar a la autoridad mediática porque esa autoridad va a ser plural, el gobierno mantiene una mayoría dentro de ella pero entran otras organizaciones. Tendrá que rendir cuentas públicamente.
  • Tienen que desinvertir, vender. Cuatro grupos concentran más del 80% del negocio y de la producción de contenidos (Clarín posee el 35 %).
  • Los capitales extranjeros no pueden superar el 30% (aunque se puede pedir autorización para ampliar el porcentaje y hay tratados internacionales previos que la ley respeta). En la actualidad hay medios en manos transnacionales (canal 9, FM Rock & Pop, etc.) y otros, como Clarín, con un gran porcentaje de capitales norteamericanos.
  • Para acceder a licencias tendrán que demostrar el origen de los fondos necesarios para la inversión requerida.
  • Los objetivos de los servicios que prestan estarán establecidos por ley: promoción del federalismo, integración regional, prioridad por atender a la alfabetización mediática de la audiencia…
  • Los contenidos de programación (como en Venezuela y en muy pequeña medida también en España) están pautados:

a)      Las radios deberán emitir mínimos de: 70% de producción nacional, 50% de producción propia, que ha de incluir noticieros o informativos locales, y 20% de contenidos educativos, culturales y de bien público.

b)      Las televisiones: 60% de producción nacional, 30% de producción propia  que incluya informativos locales y distintos porcentajes (30%, 15% y 10%) de producción local independiente en función del tamaño de las poblaciones en que se ubiquen.

  • El gobierno podrá intervenir para que se limiten los derechos exclusivos de retransmisión y de emisión de determinados acontecimientos de interés general.
  • El reparto de la publicidad oficial se regulará para evitar que se use para favorecer a los “medios amigos”.

En el caso argentino, como vemos, el nuevo marco legal no se ha concebido como un regalo a las corporaciones, como veíamos en los casos de EEUU y España. Cuando no hay regalo ocurren dos cosas:

  1. Los medios dominantes informan manipuladoramente sobre el proceso o la tramitación de la ley[29]. El diario Clarín no publicó ni una sola información positiva, ni presentó fuentes favorables al mismo, aunque existían y eran muchas.
  2. Los brazos políticos de las corporaciones recurren a artimañas judiciales para boicotear las leyes que no les gustan. [30]

Razones semejantes explican los frenos puestos a nuevos proyectos de ley que no han logrado salir en Ecuador y México.

La comunicación comunitaria como factor democratizador

Un medio de comunicación puede ser gestionado directamente por el sector público con fines públicos, por el sector privado con fines privados o por el sector privado con fines públicos. Esta tercera opción es la que se reconoce como ‘tercer sector de la comunicación’: la sociedad organizada gestiona la comunicación para servir a fines colectivos, sin afán de lucro.

Tres razones centrales permiten concebir que la comunicación comunitaria contribuye a democratizar un sistema de medios:

  1. Pluralidad. Es un factor más de reparto.
  2. Fin social. Incorpora un sector comunicativo que no opera con el imperativo del beneficio económico de los propietarios sino del beneficio social (más cultura, más cohesión social…)
  3. Participación. Los medios comunitarios se gestionan por organizaciones con solvencia democrática, no con solvencia económica.

El primer país en el continente que desarrolló una política de Estado con este perfil fue Venezuela. Los medios comunitarios han sido reconocidos de distinto modo en otros países latinoamericanos, como Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.

En Uruguay, en octubre de 2005, varias organizaciones[31] presentaron un proyecto de ley sobre radiodifusión comunitaria. Dos años más tarde, en junio, se consiguió una ley, aprobada por una amplia mayoría en el Parlamento uruguayo, que contiene rasgos notablemente más progresistas sobre medios comunitarios que la norma española[32]:

  1. Reserva de espectro.

El gobierno reservara “al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión.”

  1. No limitaciones de cobertura.

Se garantiza que no existirán limitaciones en cuanto a la potencia de las emisoras, el radio de cobertura que puedan alcanzar, ni el número emisoras por localidad, porque la ley entiende que el servicio que prestan se define por su fin público y social, no por el alcance de su emisión.

  1. No limitación de desarrollo económico.

Como señala AMARC, la ley no ha confundido el carácter no lucrativo con la capacidad de manejar recursos económicos para su desarrollo[33]. Estos medios pueden “obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad incluso oficial, de la cual no serán discriminadas”. Para garantizar que mantienen el carácter no lucrativo se les exige que la totalidad de esos recursos sea invertida en su desarrollo como Servicios de Comunicación Comunitaria, para lo cual estarán controladas por audiencias periódicas.

  1. Participación social: en la elaboración de la norma y en su aplicación.
  • El proyecto fue presentado por una coalición de organizaciones.
  • Las concesiones se realizarán (por primera vez en Uruguay) por concurso público abierto y previa audiencia pública.
  • Se crea el Consejo Honorario Asesor de la Radiodifusión Comunitaria, cuyo consentimiento será preceptivo para redactar los reglamentos, los concursos de licencia y las adjudicaciones. En este órgano habrá miembros gubernamentales y no gubernamentales, de universidades y de otras entidades investigadoras.

Límites y exigencias:

  1. Se controla la cantidad de licencias que se pueden obtener (solo una, y evitando que recaigan en personas con lazos familiares).
  2. Se exige que la programación sea mayoritariamente de producción propia, nacional y también independiente.
  3. Se podrá contratar personal para la actividad de las emisoras, y podrán ser los titulares de la licencia, pero si se asignan un salario mayor al salario mínimo vigente en el sector, se considerará ganancia y, por tanto, queda prohibido que así sea, en atención al carácter de medio sin fines de lucro.
  4. Las concesiones de emisión no pueden venderse, transferirse ni rentarse.

En España, con la ley de 2010 se ha reconocido legalmente a estos medios, pero se les ponen limitaciones extraordinarias: no pueden financiarse con publicidad y su presupuesto anual no puede superar los 100.000 euros en caso de las televisiones y los 50.000 en caso de las emisoras de radio. El contraste con el liberalismo aplicado a las corporaciones en la misma ley es muy notable.

Por eso y por todo lo visto sobre la ley española, la ULEPICC, en el manifiesto de valoración que publicó sobre la ley española[34], sostiene: la ley representa “un punto sin retorno en el alejamiento de la ciudadanía de la política comunicativa socialistas y de su adaptación a los intereses de los grupos empresariales de comunicación”, “es poco garantista del derecho a una comunicación de calidad de la ciudadanía”, “supone una ruptura con criterios elementales de tradición progresista”.

Es importante, cuando nos propongamos analizar el marco legal de un sistema de medios, no dejarnos confundir con la idea de que los medios comunitarios sirven para ejercer “el derecho a la información y libertad de expresión de los habitantes de la República”, como queda dicho en el artículo 4 de la ley uruguaya.

Obviamente, éste es uno de los fines de la comunicación comunitaria, pero cuando se analice un marco legislativo de un país, no podrá admitirse que tal función quede asignada a los medios comunitarios de modo exclusivo, como si el resto de medios no tuvieran también la misma obligación. Ese es el rasgo conceptual que diferencia la legislación venezolana: la idea de que todos los medios, independientemente del carácter privado o público de las entidades que los gestionen, todos responden a un mismo servicio público, es decir, tienen unas mismas obligaciones y unas mismas responsabilidades. De ahí el nombre de la ley: de responsabilidad social en radio y televisión.

La comunicación social a través de las radios y televisiones de un país es asunto de todos, es asunto público, puede concederse el derecho a que algunas entidades hagan negocio vendiendo la atención del público, pero, dado que hablamos de derechos fundamentales (comunicación, información, libertad de expresión), todos los gestores de medios, los públicos, los privados y los comunitarios, han de someterse al control público y este control público requiere una amplia participación de toda la sociedad. Por lo menos mientras pretendamos llamarlo democrático.

BIBLIOGRAFIA

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[1] McChesney & Nichols, 2002:  Our Media, Not Theirs. Open Media / Seven Stories Press. New York. P. 27.

[2] Consultable en http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm

[3] Mc Chesney, Robert W., 2004: The problem of the media: U.S. communication politics in the 21st century. New York: Monthly Review Press.

[4] León, Oswaldo, 2003: “Triunfo de los monopolios mediáticos”, en ALAI (Agencia Latinoamericana de Información), 06/06/2003. Disponible en http://alainet.org/active/3844&lang=es

[5] McChesney, R. W. y Nichols, J., 2003: “Up in Flames” en  The Nation, 17th November, 2003. Recuperado el 25 de abril de 2010 en  http://www.thenation.com/doc/20031117/mcchesney

[6] Robert W. Mc Chesney, 1997: Corporate Media and the Threat to Democracy. NY: Open Media / Seven Stories Press.

[7] Miguel de Bustos, Juan Carlos, 2007: “Caracterización de la regulación de la FCC”, en revista Zer, número 23. Bilbao: Universidad del País Vasco. Recuperado el 25 abril de 2010 en http://www.ehu.es/zer/zer23/ZER23_miguel.pdf.

[8] Condenados los informativos del primer canal de la televisión pública por el tratamiento sesgado que hicieron de la huelga general organizada en protesta contra el gobierno en mayo de 2002. El director de la entidad pública era entonces un cargo nombrado por el gobierno. Nadie dimitió tras la sentencia.

[9] Censura directa usando al poder judicial: el 20 de febrero del 2003 una orden judicial del juez Del Olmo clausuró el diario Egunkaria y se confiscaron pertenencias y documentos de varios miembros del consejo de administración,  acusados de pertenencia a banda armada por un informe policial que supuestamente demostraba que el periódico que ellos habían impulsado actuaba a las órdenes de ETA, lo cual les convertía automáticamente en miembros de tal banda, a los ojos del juez.  Cierre del diario, trabajadores sin empleo, detenciones de los promotores y directivos,  pérdidas económicas, voces cortadas y público sin periódico, un proceso judicial de siete años y sus costes, daños morales irreparables… La propia fiscalía solicitó el sobreseimiento, pero la acusación particular de dos asociaciones (respaldadas por el discurso incriminatorio y obsesivo de la derecha y los medios más reaccionarios del país) insistió en llevar a cabo un juicio sobre una base pericial irrisoria.  El 12 de abril de 2010, una sentencia de la Audiencia Nacional ha puesto fin al proceso judicial y declarado la inocencia de todos los acusados confirmando que el cierre del diario “no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal, especial y expresa que la autorizara”, que Egunkaria no era una herramienta de ETA, y, tal como destaca el diario Público, el simple análisis de la línea informativa “permitía descartar que el periódico fuera instrumento para la comisión de delitos”. Las acusaciones fueron incapaces de acreditar “ni directa ni indirectamente” que Egunkaria defendiera los postulados de la banda terrorista.

Estremecedor y altamente ilustrativo de la gravedad que supone esta actitud obsesiva persecutoria del poder me parece el relato de Joan Mari Torrealdai, presidente del consejo de administración del periódico en el momento de su cierre, publicadas por el diario Público antes de concluir el proceso judicial. No me detengo a resumirlas porque ninguna síntesis puede reflejarlas justamente, pero recomiendo su lectura. http://blogs.publico.es/dominiopublico/1768/desde-el-banquillo-de-los-acusados/

[10] Madrid sufrió un atentado terrorista en la estación de Atocha el 11 de marzo de 2004. El Gobierno ocultó datos (de la investigación policial que seguía una pista de un grupo islamista) e intentó imponer la visión de que los autores del atentado eran de ETA. La autoría islamista (finalmente confirmada) no le convenía al gobierno porque activaría en los ciudadanos la idea de una represalia para España por haber participado ilegítimamente en la invasión de Irak.

[11] Cué Carlos E. de, 2004: ¡Pásalo!: Los cuatro días de marzo que cambiaron el país. Barcelona: Península.

[12] Real decreto-ley 1/2009, de 24 de febrero de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones.  Consultable en el BOE http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/24/pdfs/BOE-A-2009-3022.pdf

[13] La norma copia el modelo aplicado en Francia por el gobierno conservador de Sarkozy.

[14] Esas aportaciones de los operadores privados se complementan con el 80% de la tasa por el uso del espacio radioeléctrico (de un máximo de 320 millones de euros) y la subvención del Estado.

[15] Aquel espíritu del Comité de sabios para la reforma de la radio y la televisión que animó las primeras medidas del gobierno socialista en 2004 quedó enterrado, fue una forma de pretender escuchar a la sociedad, aunque fuera una forma elitista, pero los miembros del comité realizaron numerosas consultas. Uno de ellos, Enrique Bustamante, a propósito de la eliminación de la publicidad en la televisión pública,  recuerda en su artículo sobre la contrarreforma que: en 2006, entre más de 80 entidades y asociaciones consultadas por el Consejo de la Reforma, ninguna pidió el fin de la publicidad sino su control, con la sola excepción del grupo Vocento, Telecinco y de la UTECA, (Unión de televisiones comerciales asociadas, reúne y representa los intereses de las televisiones corporativas) que al mismo tiempo reclamaban el fin de las subvenciones, en un afán nada disimulado de depredación y destrucción del servicio público.

El Comité de sabios fue un intento de dar voz en las decisiones al cuerpo social más allá de los partidos y la industria, una voz más allá del poder político y el poder económico. Una voz a la que no se le hizo caso.

[16] Ley 7/2010 de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. BOE, 1 de abril de 2010, en http://boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf

[17] Boletín digital de políticas de comunicación de la Cátedra Políticas y planificación de la comunicación, de la Universidad de Buenos Aires. Año II, Vol. 6, julio de 2004 (número de mayo-julio 2004). Consultado el día 12 de abril de 2010, en http://www.pyp-uba.com.ar/news6/news6.htm#2

[18] Mateos-Martín, Concha, 2005: “Del saqueo a la soberanía mediática en Venezuela. La vía de la responsabilidad social en los medios”. En Venezuela en transición. La experiencia Bolivariana de gobierno (I), pp. 191-217. Ágora, Revista de Ciencias Sociales (ISSN 1139-2134), Nº. 13, 2005.

[19] Como ya expuse en 2005, Ágora: La LOTEL, en el artículo 200, ya le recuerda y le exige al Estado desde 2000 que su obligación es “promover la existencia de estaciones de radiodifusión sonora y televisión abierta de servicio público, sin fines de lucro, como medios para la comunicación y actuación, plural y transparente, de las comunidades organizadas en su ámbito respectivo”. Es decir, el Estado tiene que “soltar” ese bien para que la gente lo administre. Más “dueños” de medios, menor concentración.

[20] Todavía en 2001, por ejemplo, el Informe sobre Guatemala de la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la OEA citó la preocupación por el hecho de que “el Gobierno siga otorgando concesiones (de radio) basándose únicamente en criterios económicos que dejan sin acceso a sectores minoritarios de la sociedad guatemalteca, tales como los indígenas, los jóvenes y las mujeres”.

[21] La nueva ley sustituirá  a la  Ley de Radiodifusión 22.285, que llevaba firma del dictador Jorge Videla.

[22] En 1987, ya el presidente Raúl Alfonsín había encomendado al Consejo de Consolidación de la Democracia que redactara una Ley de Radiodifusión. La renovación del sistema de medios ha sido una demanda y una necesidad democrática largamente obstruida. En la carta que la Coalición por una Comunicación Democrática dirige a la presidenta del gobierno en julio de 2008 afirman que han sido cientos los proyectos presentados a y por senadores y diputados  que no han logrado salir adelante desde entonces. http://21puntos.blogspot.com/2008_08_01_archive.html

[23] Boletín oficial de la República Argentina, sábado, 10 de octubre de 2009. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 26.522. Recuperado el 20 de abril de 2010 en

http://www.medios.gov.ar/images/stories/documentos/1010-ley.pdf

[24] “Tres expertos en radiodifusión reflexionan sobre la reforma de la ley de radiodifusión / “Las frecuencias nos pertenecen a todos”. En Pagina 12, domingo, 27 de abril de 2008. Consultable en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-103152-2008-04-27.html

[25] Corriente Marxista Internacional,  jueves, 15 de abril de 2010: “Por una ‘Ley de Medios’ emancipadora, democrática y revolucionaria en Argentina”, publicado en El Militante, Voz socialista de los trabajadores y de la juventud. Consultado el 20 de abril de 2010 en

http://argentina.elmilitante.org/content/view/4696/60. Este documento permite leer íntegramente la Declaración Internacional sobre la Comunicación suscrita por este grupo político, presentada para adhesiones públicas, y en la que sostienen su apoyo a esta ley, que consideran un “paso adelante” aunque no es una “ley perfecta”.

[26] http://www.barricadatv.org/contrainformacion.html

[27] http://www.barricadatv.org/quienes.html

[28] Se pueden consultar íntegramente en http://www.coalicion.org.ar/http://21puntos.blogspot.com

[29] El Observatorio de Medios de Argentina realizó una investigación sobre la cobertura informativa que los diarios Clarín, La Nación y Página 12 le dieron a la tramitación parlamentaria de la ley. Los tres son diarios editados en Buenos Aires y tienen circulación nacional. Los dos grandes periódicos corporativos, Clarín y La Nación dieron un tratamiento manipulador, presentándolo de modo siempre negativo. El estudio se puede consultar en http://www.ciespal.net/mediaciones/images/obser1.ley%20de%20medios.informes.%201.pdf

[30] La aplicación de la ley está paralizada en el momento de cerrar la redacción de este texto, mayo 2010.

[31] Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), la Central de Trabajadores (PIT-CNT), la Universidad de la República (pública), organizaciones de derechos humanos como IELSUR e ISODE y la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), tal como indica AMARC en http://legislaciones.item.org.uy/index?q=node/255

[32] Texto completo de la ley en http://legislaciones.amarc.org/URU_Proyecto_Ley_Radiodifusion_Comunitaria_05062007.pdf

[33] AMARC reconoce que esta buena práctica también se ha seguido en las legislaciones de Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. En http://legislaciones.item.org.uy/index?q=node/255. Este rasgo no ha sido reconocido en España.

[34] Este documento de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, de carácter académico, fue firmado inicialmente por veintiún profesores y profesoras de universidades españolas y recibió la adhesión de muchos otros. Se puede consultar en http://www.ulepicc.es/documentos/DeclaracionULEPICC.pdf

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